Interventoría del proyecto

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Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y estudios previos para que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la actividad. De igual forma el interventor se encarga de todas las actividades previas como el control de pólizas, control a los contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales. El interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas, en donde el costo es responsabilidad del propietario.

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Interventoría técnica

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Verificamos el correcto funcionamiento de los equipos; la función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado,  así como las normas de calidad, seguridad y economía. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos y hallazgos que se evidencien durante la labor y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran.

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Interventoría de Obras

La interventoría de obras es la actividad o función encargada de llevar a cabo el control y vigilancia de un proyecto para hacerlo más eficiente en el uso de los materiales, costos y capital humano (Vargas, 2014). El desarrollo de la interventoría tiene cuatro funciones: técnicas, gerenciales, enfocadas en las necesidades del cliente y el componente ético (ibídem).

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Las obras y proyectos se dan tanto en empresas privadas como en entidades del Estado o públicas. El énfasis de la interventoría durante el monitoreo de la ejecución de la obra, dependerá del objeto mismo del proyecto. Así mismo, la intención por la que una entidad pública o una empresa privada contrata la interventoría de una obra es diferente.

 

En Colombia no existe una norma que defina la actividad de interventoría en sus distintos ámbitos, como tampoco hay una entidad que establezca lo que se espera de esta labor, más bien las expectativas sobre su función las define el cliente y dependen de múltiples factores, entre los cuales resulta fundamental la naturaleza del contratante. Tampoco existe en el país un referente normativo que defina la diferencia entre la interventoría para obras de entidades públicas y la de empresas privadas. Por eso en este artículo se explicarán las diferencias y semejanzas de la interventoría de obra en esos dos ámbitos, para qué sirve y cuál es el rol del interventor.

 

Interventoría de obra en empresas privadas

La interventoría de obras privadas responde a la necesidad de verificar un proyecto necesario para desarrollar la actividad económica o el servicio que presta la empresa. Aunque la obra está relacionada con la actividad de la empresa, no significa que ésta tenga experiencia o experticia en construirla o ejecutarla.

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Entonces, la interventoría de obra para el sector privado sirve para delegar en un experto la supervisión a la ejecución del proyecto, de forma que la empresa contratante dedique sus recursos a desarrollar las actividades propias de la cadena de valor de su negocio. Usualmente las empresas privadas contratan a un interventor para obras de construcción o para el mantenimiento, mejoras, arreglos de una construcción existente.

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En este caso el interventor se convierte en un aliado estratégico, que ofrece su experticia, capacidades y experiencia en el desarrollo de proyectos. El servicio del interventor puede estar en todas o en algunas etapas de la obra. Dentro de las principales actividades que se asignan usualmente a la interventoría, se resaltan las siguientes:

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• Monitoreo técnico de la ejecución del proyecto, dando cumplimiento al alcance, plazo y presupuesto establecido.

• Control de los costos de acuerdo con el presupuesto.

• Ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades.

• Control de la calidad de las obras o trabajos contratados.

• Aseguramiento de otros aspectos administrativos, laborales, legales y contractuales, entre ellos lo referente a verificar aspectos de cumplimiento en la contratación laboral, seguridad social del personal, seguridad y salud en el trabajo, pólizas, entre otros. Una interventoría puede encargarse de revisar, según los términos del contratante, el cumplimiento integral del contrato suscrito con el contratista del proyecto, obra o actividad.

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En adición a las normas técnicas aplicables al proyecto, es usual que cada organización tenga sus propios estándares, especificaciones, manuales y regulaciones. Entonces, son estos parámetros los que debe conocer, entender y atender el interventor para monitorear la obra. La práctica común es que el cliente defina los criterios para hacer el monitoreo y control de las actividades, sin embargo usualmente la supervisión ejercida es enriquecida por la experiencia y experticia del interventor con el objeto de cumplir las expectativas de cada uno de los proyectos.

Interventoría de obra en entidades estatales.

En la interventoría de obras públicas hay un elemento diferenciador respecto a los mencionados para la interventoría privada, este consiste en que el origen de los recursos para financiar el proyecto es de carácter público. Eso supone un cuidado estricto bajo criterios de contratación pública, respecto de la eficiencia en el uso de los recursos y de su destinación al objeto contractual. Por lo general, el objeto de la contratación son obras asociadas con la prestación de un servicio público que beneficia a un gran número de personas, por lo que la interventoría debe velar por el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la comunidad. Existen normas del orden nacional que regulan esta actividad, las cuales establecen las facultades y responsabilidades del interventor de obras públicas.

 

Normas relevantes en materia de interventoría de obra pública
En relación con las obras públicas, las normas colombianas han asignado a la función de interventoría una serie de requisitos, enfocados en evitar la corrupción durante el desarrollo de los proyectos u obras. En especial, nos permitimos citar como marco normativo de la función interventora, la Ley 80 de 1993,  la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2022 de 2021. 

 

La Ley 80 de 1993, “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, establece que en los contratos de obra, es obligatoria la contratación de la interventoría por parte de una persona independiente de la entidad que contrata

(artículo 32).

 

La Ley 1474 de 2011, “Estatuto anticorrupción”, estableció que todas las entidades públicas tienen la obligación de “vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto del contrato” y que esa obligación “se debe hacer a través de un supervisor o un interventor”. El artículo 83 de esa ley indica que la interventoría es una de las encargadas de prevenir y contrarrestar la corrupción en la contratación pública. Adicionalmente en éste artículo, se define que la actividad de la interventoría consiste en realizar “el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen”. Agrega también, que si las circunstancias lo justifican la interventoría contratada puede incluir “el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato.” 

 

La Ley 2022 de 2020, estableció que los documentos tipo son de uso obligatorio “para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Rol del interventor de obra pública (facultades y deberes)
En contratos públicos se espera que el interventor haga seguimiento administrativo, fiscal, tributario, manejo del recurso humano, técnico, financiero, contable y jurídico de la ejecución del contrato de obra pública. A continuación, nos permitimos resaltar algunos roles, actividades y obligaciones, que por normativa, debe cumplir el interventor de obra pública:

 

El artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 define que los interventores pueden “solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual,” y tienen la responsabilidad de mantener informada a la entidad sobre: actos de corrupción, delitos, y cualquier otra circunstancia que pudiera poner en “riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento del mismo”. Si el interventor no informara oportunamente, sería responsable solidariamente por los daños que ocasione el incumplimiento del contrato, en lo que le sea imputable.
 

La Circular 12 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación (PGN), sugiere tener en cuenta las actividades señaladas en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las entidades Estatales, para ejercer los seguimientos propios de la interventoría de obras públicas. Dentro de dichos seguimientos es preciso resaltar que el interventor de obras públicas debe hacer seguimiento jurídico al contrato de obra y debe verificar su ejecución de acuerdo con el texto del contrato y las normas aplicables.
 

Dado que durante la ejecución del contrato se pueden presentar circunstancias no previstas en la suscripción del mismo, se debe tener en cuenta que cualquier cambio en el precio, plazo de ejecución o en las características de la obra contratada, significa una modificación del contrato. En estas circunstancias es muy importante la experticia del interventor para valorar la justificación de los cambios solicitados o incorporados por las partes.

 

En conclusión, existen algunas semejanzas y diferencias entre la interventoría de obra pública y privada. En ambas el interventor es un aliado para verificar la correcta ejecución de un proyecto. En Colombia, la interventoría de obra pública es obligatoria en algunos contratos públicos y entre sus principales responsabilidades, está el evitar actos de corrupción.

 

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